En el Pleno Autonómico del pasado 4 de febrero, el Grupo Socialista hizo una Proposición No de Ley, que se resume en los siguientes puntos:
- Particpar en las políticas sectoriales del Gobierno de España para priorizar la regeneración económica y el tejido productivo en clave de sostenibilidad.
- Dejar de incentivar demandas de alto coste medioambiental y elaborar planes en los que prime el ahorro y la eficiencia energética.
- Sumarse con una ayuda de 500 euros al Plan 2000E para dinamizar la demanda del sector automovilístico.
Ésta fue la intervención al respecto de Miguel Reneses, en la que se refleja la posición de Izquierda Unida:
En primer lugar, para nosotros es muy complicado analizar esta PNL sólo con relación a una de las propuestas concretas, que es la que se refiere al sector del automóvil y, por lo tanto, a sumarse a esas ayudas de 500 euros por operación de compras, con el fin de mejorar el número de matriculaciones y ventas en el sector automovilístico. Ha sido más eficaz que en la Comunidad de Madrid, que no lo ha desarrollado, pero el conjunto de la PNL tiene otros elementos, tiene elementos que están llenos de buenas intenciones, pero que chocan, desde mi punto de vista, con dos aspectos: con un Gobierno regional que hace bandera de su oposición al Gobierno del Estado, y ya se ha demostrado que tiene unas políticas concretas, el erre que erre de un modelo que nosotros hemos definido como fracasado, pero también choca con unas prácticas y unas decisiones del Gobierno central que están generando alarma social, falta de rumbo, y que están rompiendo los puentes políticos y sociales en la izquierda. Y, como parte de una apología de un plan español de estímulo de la economía y el empleo y de una futura ley de estrategia de economía sostenible que figura en todo lo el texto de la PNL, y nosotros no creemos en su eficacia o en sus consecuencia -cinco millones de parados en este país son las consecuencias-, y, como además opinamos, y somos igual de recelosos y descreídos, que la mayoría de ciudadanos de este país -hoy mismo el CIS decía que el 73 por ciento de los ciudadanos dicen tener poca o ninguna confianza en las medidas que está tomando el Gobierno- nos es muy difícil analizarlo al margen de esta coyuntura, porque creemos que las decisiones tomadas por el Gobierno en esta semana consolidan varios aspectos fundamentales de la salida conservadora a la crisis que se está imponiendo en nuestro país: por un lado, asociar la salida de la crisis a una política de control del déficit y no a la creación de empleo; por otro, el abandono de todo esfuerzo basado en la inversión productiva y gasto público a favor de una política de ajuste salarial. Y, por último, la continuación y la profundización en el modelo productivo actual, salida conservadora que es verdad que tiene su máxima expresión en un Gobierno regional que sitúa su discurso económico en el despido libre, la bajada de impuestos, la liberalización total de la economía, el insulto a los sindicatos, la reducción del gasto social y la privatización, y, de esta forma, para el Gobierno regional superar la crisis requiere recortes sociales. Pero parece que ésta es la línea por la que se decanta el Gobierno central en sus últimas decisiones. La propuesta de reforma del sistema de pensiones, el anuncio de una reforma laboral que nada tiene que ver con el diálogo social, que también figura en la exposición de motivos en esta PNL -incluso se apunta la posibilidad de apostar por el copago en la sanidad-; por tanto, defienden la apuesta por el ajuste salarial como mecanismo de recuperación económica.
Fue en Davos, hace diez años, cuando el entonces gobernador del Bundesbank situaba al mercado como el gendarme de los poderes públicos. Las consecuencias de este modelo están a la vista en nuestro país: se dirige a los cinco millones de personas desempleados, que alcanzan en nuestra Comunidad el medio millón. Pero como si la crisis no tuviese responsables, el capital financiero ha vuelto, en la ciudad de Suiza, a marcar la prioridad y han dejado a España sin soberanía en su propia economía al imponernos un programa de contención del gasto por medio de una política de ajuste a costa de la capacidad adquisitiva y del consumo de los trabajadores y de las pequeñas empresas. De esta forma, queda claro que la crisis la seguirán pagando los trabajadores y la recuperación se hará a costa de derechos sociales.
La presión de los mercados internacionales de la deuda vuelve a dictar nuestra política económica, tal y como se aprecia en las líneas generales de la política económica contenida en el programa de estabilización 2009-2013; esto explica el giro en la estrategia económica y mediática del Gobierno, que abandona la retórica de la salida social y la sostenibilidad y nos sitúan en los recortes y el ajuste estructural.
La ley de economía sostenible a la que hace referencia la PNL respondía a la creencia de que lo peor de la crisis había pasado, consecuencia de la falta de rigor de ese discurso de brotes verdes, y, en este panorama, lo que cabía era aguantar y esperar la recuperación, que, como no llegaba, obligaba a que la política económica fuese sustituida por declaraciones, por titulares de prensa. Es en este contexto de improvisación cuando surge la Ley de Economía Sostenible, ley que sustentaba en cuatro ejes: construir un modelo económico basado en el conocimiento y la innovación; favorecer la estabilidad en el empleo; la sostenibilidad medioambiental, y afrontar el envejecimiento demográfico por medio del control de los planes privados de pensiones, algo que con las últimas decisiones suena a chiste. Todo ello en el marco de una ley que se limita a describir abundantes principios, abundantes intenciones políticas, pero pocas regla, pocas obligaciones; proyecto de ley en el que cabe hablar de todo, pero lo exigible es escaso o nulo. Cuatro objetivos que sobre el papel pueden ser compartidos, pero que son desmentidos con los hechos. Parece que el Presidente del Gobierno hace suyas aquellas frases del genial Groucho Marx: “Estos son mis principios; si no les gustan, tengo otros.” En su corta vida, esta ley de economía sostenible, referencia de las propuestas que aquí se plantean, ya ha necesitado de importantes aclaraciones por parte del propio Presidente, de los ministros y demás miembros del Gobierno, consecuencia de un texto contradictorio; sin embargo, la ministra Elena Salgado acabó con la confusión general y precisó el sentido de la ley declarando en el diario “Público”, el pasado 6 de diciembre, que casi todas las propuestas de la COE están en la ley.
Para nuestro Grupo son cuatro las insuficiencias propuestas por esta ley, cuyo contenido inspira la PNL. La primera se deriva de la negativa del Gobierno a afrontar una reforma fiscal progresiva, el Gobierno del Estado; aquí también. La sostenibilidad comporta una nueva fiscalidad, aspecto que la ley no contempla. La inexistencia de financiación y de presupuesto se quiere corregir por medio de la entrada de capital privado en las obras públicas, lo que convierte a la ley más en un plan de ayuda a los sectores tradicionales que de cambio de modelo. También para el Gobierno parece no contar que nuestro déficit se haya originado por la desfiscalización causada por una política que durante los últimos doce años ha desarmado los tributos progresivos de este país.
El segundo comentario crítico que quiero realizar tiene que ver con la concepción de sostenibilidad medioambiental que hace el Gobierno. El nuevo modelo productivo basado en las energías renovables y la producción limpia no consiste únicamente en impulsar la creación de actividades verdes, ya que el objetivo debe ser construir desde la base una nuevo sistema de transporte y de consumo sostenible. La retórica de las energías limpias y del I+D+i para cambiar el modelo productivo choca con la negativa a cambiar la ley del sector eléctrico o con mantener en su integridad el plan estratégico de infraestructuras y transportes, cuya apuesta por las autovías y las autopistas de gran capacidad, la apuesta por la intensificación del tráfico aéreo y el abandono por cualquier mecanismo de vertebración territorial, lo que hace que la ley de economía sostenible sea ya conocida como ley de economía insostenible.
De lo que se trata es de que el conjunto de la actividad económica sea sostenible; el conjunto; sin embargo, se corre el riesgo de que la apuesta por este nuevo modelo se traduzca en la práctica en una nueva vía de transferencias de recursos públicos a grupos privados en crisis y, de esta forma, por medio del dinero de todos, pagarle la reconversión a las constructoras y derivar sus nuevos negocios hacia las energías renovables, la obra pública, la sanidad o la dependencia.
En tercer lugar, no se contempla el gran déficit de nuestra economía, que es el déficit social; ése es el déficit. El modelo económico español se sustenta en la insostenibilidad social de un modelo basado en la precariedad laboral y los bajos salarios; el subempleo y el paro estructural son la norma de nuestro modelo económico y sobre ello no se dice nada. Además, el anuncio de una posible reforma laboral no hace más que profundizar en una estrategia económica basada en conseguir bajos costes laborales.
Por otra parte, el cambio tampoco puede hacerse si no se considera la otra cara de nuestro modelo social: un modelo lastrado por una elevada desigualdad y el subdesarrollo de lo público cuando de las referencias que se toman de la Unión Europea resultan evidentes las enormes deficiencias en gasto social; unas deficiencias que también se convierten en el subdesarrollo del empleo en los servicios a la Comunidad. España es el segundo país de la Unión Europea de los 15, por detrás de Portugal, con menor porcentaje de población activa trabajando en servicios sociales. El 9 por ciento frente al 15 por ciento de promedio europeo, o el 25 por ciento de Suecia, que es el país que más invierte en políticas sociales. El cambio de modelo productivo requiere un nuevo marco de relaciones sublaborales que supere la temporalidad y la precariedad. Por otro lado, el cambio de modelo productivo requiere de recursos e inversión, la cual no sólo puede venir de una reforma fiscal progresiva.
Por último, el cambio de modelo productivo necesita de planificación y de un sector público potente. Pretender cambiar el modelo productivo sin tocar la precariedad, reduciendo la inversión productiva y el gasto en I+D+i, apostando por más mercado y menos Estado, no es más que seguir como estamos, y estamos en una perspectiva de convivir durante años con paro estructural y estancamiento económico.
Por eso, el Gobierno presentó ayer un plan para realizar fuertes recortes del gasto en un presupuesto que lleva aprobado apenas un mes. ¡Imagínense ustedes si lo hubiesen hecho estos señores en esta Comunidad! Poco importa que la economía española se encuentre aún lejos de salir de la crisis, que podamos alcanzar los 5 millones de parados, y que los recortes contradigan los planes de estímulo y obstaculicen la recuperación. No habrá sostenibilidad si no supera nuestro déficit social y la precariedad laboral, y eso es imposible si no avanzamos en la reforma fiscal progresiva y en la intervención del sector público de la economía. Ésta es nuestra visión global; visión global que trata de trasladarnos la PNL y, por eso, nosotros no la vamos a apoyar. Muchas gracias.
